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Peligran proyectos mineros por US$ 8 mil millones

Peligran proyectos mineros por US$ 8 mil millones

El Gobierno podría definir antes de fin de año la reglamentación de la Ley de Glaciares, pendiente desde su sanción en septiembre de 2010. Son dos los organismos del gobierno que tendrán injerencia en la redacción del texto que determinará la forma de aplicación de la norma, y ambos presentan posiciones disimiles.

Según indicaron fuentes del sector minero a El Inversor Online, de un total de US$ 20 mil millones de inversiones para los próximos cinco años -prometidos por el sector del Presidente, Mauricio Macri, en mayo-, un 40% de las inversiones podrían verse afectadas si la reglamentación de Ley de Glaciares limita el desarrollo minero en zonas de la cordillera y pre cordillera de Los Andes.

Los proyectos mineros que podrían verse afectados son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, en la provincia de San Juan, por una inversión de US$ 8 mil millones; también Del Carmen y Constelación, de la misma provincia, y Agua Rica, en Catamarca. En total peligran inversiones por más de US$ 13 mil millones.

La discusión central dentro del Gobierno es cómo se definen las geoformas protegidas que formarán parte del Inventario Nacional de Glaciares, si sus dimensiones determinan o no sus funciones hídricas como “reservas estratégicas de recursos hídricos” o “proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

En esta línea, desde la secretaría de Minería, a cargo de Daniel Meilán, sostienen que puede haber actividad minera en el ambiente periglacial, en la medida en que cuente con aprobación ambiental emitida por autoridad ambiental competente, que por mandato constitucional está a cargo de cada provincia, si no afecta “de un modo significativo o inaceptable” las geoformas protegidas, que –ellos consideran- son aquellas que cumplen funciones hídricas, más específicamente, glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.

La realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, que se está realizando a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) podría ser cuestionado fuertemente desde sectores ambientalistas alegan que cualquier geoforma, sin importar su “forma, dimensión y estado de conservación”, cumplen una función hídrica y por tanto deben ser áreas protegidas.

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