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Por el calor, se debió volver a importar energía

Por el calor, se debió volver a importar energía

Las altas temperaturas y la proliferación de los cortes de luz en las vísperas del Carnaval consolidaron un golpe de timón en el manejo de la cuestión energética, que ya había comenzado a insinuarse el año pasado. A diferencia de su antecesor Julio De Vido, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, acudió a Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile (los países vecinos con capacidad de exportar electricidad) para que suministraran a la Argentina la energía que necesitaba para sortear la ola de demanda. Y no se descarta en el futuro sumar a Bolivia a ese lote.

En paralelo, pese a la alta demanda residencial, el Gobierno evitó reclamarles a las industrias que redujeran el consumo de electricidad, toda una señal para el sector productivo, que ya carga con las molestias de una economía que demora en arrancar.

La semana pasada fue la más caótica del año en términos de abastecimiento eléctrico. El martes, por caso, más de 150.000 hogares se quedaron sin luz. Y el jueves la demanda alcanzó un nuevo récord en el país. Llegó hasta los 25.595 MW a las 15.15, según datos de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Para cubrir ese consumo no alcanzaron todas las máquinas de generación instaladas en el país, sino que también se sumaron aportes ingentes de los países vecinos.

La lista la encabezó Brasil, desde donde llegaron 700 MW, y continuó con Uruguay, que aportó otros 400 MW. Ambos ya habían exportado electricidad a la Argentina durante la gestión kirchnerista. La nota la dio, sin embargo, el refuerzo de 150 MW que envió Chile.

Las compras del otro lado de la cordillera de los Andes son desde hace años una alternativa válida en términos técnicos, pero no políticos. Si bien se analizó en los años en que Julio De Vido, como ministro de Planificación, era el dueño de lo que ocurría en los cables de todo el país, se descartó por la eventual mala prensa que generaría una medida de ese tipo en un país que en esos años pasó de exportador a importador.

El caso de Chile, además, era más complejo que el de otros vecinos, dado que desde mediados de la década pasada el gobierno argentino comenzó a restringir las exportaciones de gas a ese país debido a la menor oferta local y el crecimiento de la demanda.

En mayo de 2008, en medio de una ola de frío con temperaturas bajo cero, la Argentina suspendió totalmente las exportaciones. Cómo explicar, entonces, que el país que antes era comprador se había convertido en vendedor era una respuesta difícil de articular, incluso para la retórica virtuosa del ex ministro de Planificación.

El ministro Aranguren no cargó con ninguno de esos problemas y ordenó a su equipo cerrar acuerdos con los países limítrofes. Por eso hoy la Argentina importa de Chile gas y electricidad.

Según un informe oficial, el jueves pasado el país contó con 1200 MW de reservas operativas en las aguas del Comahue, donde hay varias centrales hidroeléctricas. Se trata de un resguardo en caso de una falla imprevista del sistema.

Una historia similar se repitió un día después, el viernes. La ola de calor llevó aun más arriba la demanda, que volvió a alcanzar un nuevo récord (esa vez fueron 25.628 MW a las 14.25) y obligó a nuevas importaciones: 491 MW de Brasil (al que también se le suele exportar electricidad), 419 de Uruguay y 144 MW de Chile. Las reservas operativas fueron incluso mayores: hubo 1600 MW en generación hidroeléctrica y 500 MW adicionales de potencial importación de Brasil, como reserva de emergencia.

A esos países se sumó Paraguay, al que también se le compró energía, aunque en menor medida. El número es mayor si se considera la porción de Yacyretá que corresponde a ese país, pero por un acuerdo le vende casi toda su producción a la Argentina.

Bolivia, que ya ofreció sus servicios, podría en el futuro sumarse a la lista de exportadores hacia el país.

Salvo el caso chileno, parte de las importaciones serán compensadas con envíos de la Argentina hacia esos países cuando sobre electricidad.

 

Fuente: La Nación

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