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“La minería soporta en el país una mayor presión impositiva que en Chile y Perú”

“La minería soporta en el país una mayor presión impositiva que en Chile y Perú”

Mariano Lamothe, director de Abeceb

Pese a la eliminación de las retenciones, el sector sigue padeciendo una abultada carga fiscal sobre sus utilidades, según los datos que maneja el director de Abeceb, Mariano Lamothe. “También es prioritario resolver la incertidumbre normativa”, aseguró.

 

La actividad minera en el país se encuentra atravesando un punto crítico, con muchas minas transitando su etapa de declinación. Así lo advierte Mariano Lamothe, director de la consultora especializada Abeceb. “Aunque hay iniciativas avanzadas que podrían ponerse en marcha en el corto plazo, entre 2017 y 2019 cerrará una buena cantidad de minas. Asimismo, varios proyectos lo harán entre 2020 y 2022. Esto representará un gran reto en un contexto internacional de precios a la baja, aunque los valores sigan estando por arriba del promedio histórico”, anticipó.
A su entender, hay que ser más cuidadosos a la hora de hablar de quitar retenciones o poner trabas a la actividad. “Mirar a la minería desde la región metropolitana de Buenos Aires no es lo mismo que hacerlo desde las regiones donde tiene un gran impacto laboral”, reflexionó en el II Seminario Internacional de Minerales Metalíferos en la República Argentina.
La coyuntura, explicó, impacta sobre las posibilidades de financiamiento de las principales empresas mineras. “Hay una correlación directa negativa entre las cotizaciones de los commodities mineros y la inversión en exploración. No obstante, hay que preguntarse por qué las inversiones del sector cayeron un 38% y un 47% en Chile y Perú, mientras que lo hicieron en un 66% en la Argentina”, comparó.
En su opinión, lo que falta es mayor competitividad local. “No hay previsibilidad en cuanto al contexto macro, la política comercial, los aspectos regulatorios, las autorizaciones, la estabilidad fiscal, la presión tributaria, la productividad, los salarios y la energía, entre otros ítems”, criticó.
Actualmente, lamentó, no hay ningún gran proyecto en construcción en la Argentina. “Por fortuna, hoy se ven cambios en el contexto macroeconómico, con un tipo de cambio devaluado, mayor estabilidad en la visión del gobierno nacional, un país más integrado al mundo, menores restricciones a las inversiones extranjeras y al giro de dividendos, etc. Hay un nuevo marco de negocios, pero muchas de las decisiones del segmento deben tomarse a nivel provincial”, apuntó.
Por estos días, agregó, hay discusiones sobre minería a cielo abierto en varias provincias (como Córdoba, San Luis, La Pampa o Tucumán), prohibiciones vigentes (en Chubut y Mendoza) y nuevos impuestos en otras jurisdicciones (como Santa Cruz). “Como lo demuestra el ranking anual del Instituto Fraser, el atractivo de la Argentina como conjunto es cada vez menor. Desde lo particular, Salta y San Juan se posicionan por encima de las demás provincias”, diferenció.

Rentabilidad en baja

Para Lamothe, el país debe definir dos cuestiones normativas clave: la Ley de Glaciares y el Acuerdo Federal Minero. “La incertidumbre es una de las debilidades de la Argentina para captar capitales”, remarcó.
Por otro lado, precisó, en los últimos años los costos se han incrementado sustancialmente, por encima de los ingresos. “Los salarios metalíferos crecieron el doble de los precios, incluso tras la eliminación de las retenciones. De hecho, subieron un 1.400% en la última década, sin que decreciera la conflictividad gremial. Este esquema de costos achicó la productividad de los proyectos”, sostuvo.
A su criterio, hoy la rentabilidad está por debajo del promedio 2006-2015, incluso tras la eliminación de los derechos de exportación. “La situación se agrava por la regresividad de la estructura tributaria argentina. Sin retenciones, la presión impositiva sobre el margen de utilidad minera en la Argentina sigue siendo superior a la de Chile y Perú”, referenció.
En definitiva, aseveró, hay motivos para ser optimistas con respecto al desarrollo de la actividad, ya que existen iniciativas en cartera por u$s 20.000 millones y el Gobierno demuestra interés por el sector. “No obstante, garantizar la estabilidad normativa y comenzar a discutir la competitividad son los grandes desafíos a sortear”, concluyó. ›|‹

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